Supervisión bilateral o la actualización de la Decisión de 1977

(Artículo publicado para "Coyuntura Económica", Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico).

El FMI, atraviesa una crisis en términos de superposición de facultades o funciones con algunos de los organismos internacionales de regulación económico-financiera (llámense BID o BM, principalmente este último), y, de forma muy natural y comprensible, busca solucionar tal fricción de manera eficaz. La alianza BM-FMI se ha visto debilitada y ya no posee la fuerza de la coyuntura feliz (para los intereses del Occidente capitalista) en plena disolución del proyecto comunista (social-imperialista, según los maoístas) soviético.

Hoy, en tiempos en que la pobreza se estanca y las brechas aumentan con sendas concentraciones de riqueza (o la riqueza de los de abajo crece con tasas mucho menores que las de los de arriba, para ser menos tendenciosos), el corto plazo es cada semana, cada día, cada empleo esporádico que permita compensar la canasta familiar del momento. El del proyecto de largo plazo (con los resultados brindados por las recetas de liberalización comercial) es un discurso de casi dos décadas. ¿Resultados? Aún muy discretos.

Ese relativo fracaso (relativo éxito si se toma en cuenta el ejemplo chileno, el crecimiento macroeconómico en el Perú, la IED en Colombia, etc.) ha motivado el “mal” comportamiento de algunos gobiernos latinoamericanos al asumir políticas económicas más proteccionistas. Resaltan tres gobiernos que además de asumir políticas económicas alternativas, han desarrollado un discurso político que puede resultar incómodo y que finalmente generan el rechazo de los principales mercados financieros. Estos países son Ecuador, Bolivia y, en mayor proporción, Venezuela.

En la actualidad, algunos mercados internacionales no funcionan tal como lo señalan los libros de texto introductorios a la economía. Es curioso, dos países (EE.UU. y Venezuela) que representan concepciones ideológicas y económicas totalmente divergentes han establecido una alianza para que efectivamente los supuestos de los libros de texto no se cumplan en un mercado con información simétrica (entiéndase, con reglas claras): hoy, el precio del petróleo no se rige por la ley de oferta y demanda, sino por factores geopolíticos (la guerra de Medio Oriente y los condicionamientos del gobierno de Chávez al imponer altos precios).

De ahí la preocupación del FMI. Se intenta mantener una relación sana y libre de distorsiones. Ciertamente, dichas distorsiones afectan a los países que sí manejan y mantienen los equilibrios macroeconómicos de forma ortodoxa. En el Perú, el BCRP centra su preocupación en mantener una inflación y tipo de cambio estables. Para ello fija una meta de inflación y el rango respectivo. En los últimos meses ha logrado su cometido, sin embargo, las señales de inflación que esporádicamente aparecen no tienen un componente local, son producto de la presencia de factores exógenos que están fuera de su alcance: inflación importada (petróleo, por ejemplo), shocks climáticos, etc. De lo contrario el BCRP no tendría dos cuadros diferenciados de lo que es "Inflación Total" e "Inflación Subyacente".

Esos factores exógenos producidos por países que se portan “mal” y que generan distorsiones en las reglas de juego están en la mira del FMI. Es por ello que recientemente el Directorio de dicha organización haya aprobado un marco para la supervisión económica. Esta decisión de reafirmar una supervisión bilateral de por parte del FMI es un intento de ampliar las funciones que se señalaron en la Decisión de 1977, la cual buscó establecer una supervisión sobre las políticas cambiarias en tiempos en que no se solía dar importancia al manejo de las información macroeconómica sin tipos de cambio fijos.

En primer lugar, centrándose en el tema cambiario, la Decisión de 1977 centró sus principios en evitar distorsiones de los tipos de cambio y sus fluctuaciones violentas en el corto plazo. Ello para fortalecer el supuesto de igual acceso a la información y los mercados. Esos principios hoy se reafirman. No obstante, el presente documento de supervisión bilateral es más amplio que el anterior en tanto este incluye el tema del manejo de la balanza de pagos para que esta no provoque perturbaciones en las políticas cambiarias. Asimismo, engloba a las cuentas corrientes y de capital[1].

Gasto corriente promedio 1997 – 2003, Bolivia 1997 – 2005

Fuente: Estimaciones del BM sobre la base de datos de la CEPAL y la UPF para Bolivia.

Gasto de capital promedio 1997 – 2003, Bolivia 1997 – 2005

Fuente: Estimaciones del BM sobre la base de datos de la CEPAL y la UPF para Bolivia.

Si bien Colombia tiene un gasto corriente mayor y de capitales mayores en la región para el periodo 1997 – 2003, estas son muestras no de un crecimiento con desequilibrios macroeconómicos, sino la presencia de una lucha interna contra fuerzas paramilitares, en la que el apoyo de los EE.UU. resulta un aval para dichos gastos.

El aparente refuerzo de las facultades supervisoras del FMI puede generar un clima político regional aun más enfrentado donde los bloques sientes bases más rígidas y contrapuestas. Por otro lado, puede ser contradictorio el afán por parte del FMI de aspirar a desarrollar redes multilaterales mientras el gobierno republicano se preocupa por aprobar tratados comerciales con carácter bilateral (el tan mentado TLC Perú – EE.UU.), teniendo ello como costo el renunciar a la posibilidad de establecer negociaciones en bloque al verse tan debilitada, para el caso sudamericano, la CAN.

¿Aspiraciones hegemónicas? Tal vez el autor peque de suspicaz.

[1] Boletín del FMI, septiembre 2007.

¿Es el decrecimiento una vía plausible?: fallas en la contabilidad tradicional y la catástrofe del consumo

(Artículo publicado para "Coyuntura Económica", Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico)

Desde hace algunas décadas los principales organismos económicos internacionales han centrado su preocupación en dotar de herramientas a los países del “tercer mundo” para que estos puedan conseguir el tan anhelado camino hacia el desarrollo. Se han realizado recomendaciones, condicionamientos, y las economías emergentes han logrado dicha condición tras sucesivas experiencias (tanto exitosas como devastadoras) a lo largo de los años. Ante una hegemonía ideológica de libre mercado en todo Occidente y algunos países orientales (recientes principales ejemplos: China e India. Claro está, solo en el ámbito económico), parece que la receta está concluida y tiene carácter universal. Sin embargo, cuando una gran mayoría apoya determinado modelo de manera férrea y este parece ser indestronable, saludable resulta detenerse un momento para cuestionarse cuán viable es y cuánto toma en cuenta la realización misma del hombre.

Cuentas nacionales, PIB, sistema del gasto. Quizá estos conceptos hayan sido el único termómetro para diagnosticar el estado de desarrollo de un país. No obstante, han resultado útiles para medir el crecimiento (ojo, crecimiento) de las economías en términos del total de bienes y servicios producidos en determinados tiempo y espacio geográfico. De hecho, estos sistemas han recibido críticas desde hace algunas décadas por considerárseles incompletos. Elsa Galarza (2004: 34) describe que la contabilidad nacional carece de mecanismos para medir muchos de los servicios derivados de los recursos naturales y ambientales. Asimismo, señala que no incorpora los cambios en el stock de dichos recursos.

Cuando uno se pone a analizar con cierto detenimiento el crecimiento acumulado del PIB de un país, podría surgir la pregunta de que si la cifra resultante con respecto al año base tomado como referencia es un indicador de la cantidad de veces que la felicidad de la gente se ha multiplicado. Probablemente, la respuesta sea negativa. En ese sentido, el economista-antropólogo francés de la Universidad de París – XI, Serge Latouche, se manifiesta de forma enfática: “En Europa, el Producto Interior Bruto en 200 años se ha multiplicado por treinta. Y pregunto: ¿somos hoy treinta veces más felices?”.

Resulta interesante tal apreciación. Efectivamente, el consumo (ojo, consumo) en Europa ha crecido en la tasa señalada. ¿Pero esa es realmente señal de desarrollo? En realidad, puede ser signo, más bien, de todo lo contrario debido a que finalmente lleva a una situación de infeliz desenlace: el ejercicio de una brutal presión sobre los recursos naturales, como bien lo señala Latouche.

El Indicador Genuino del Progreso (GPI, por las siglas en inglés), puede contribuir a establecer un mayor acercamiento al significado de desarrollo y bienestar. Dentro de ese contexto, Hicks (1946) diferenció el término “renta” al exponerlo como la capacidad de consumo actual de los agentes sin implicar un sacrificio en el consumo futuro (marco teórico de lo que actualmente se conoce como desarrollo sostenible), que llevaría al agotamiento de capital.

El agotamiento del stock de capital es un peligro permanente del manteniendo del sistema devastador de las actuales economías industrializadas. Ante ello, Latouche recomiendo su ya muy afamado “decrecimiento”. Entendiendo el crecimiento como el aumento del consumo de los agentes (con la consiguiente presión sobre los recursos naturales y ambientales), el decrecimiento surge como un alivio para la insostenible situación vivida en nuestros tiempos. Llama la atención, pero la tesis es muy válida.

La Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), bajo el mando de Sabina Alkire, pretende continuar y llegar a la enumeración (estimación estadística) de algunos tópicos estudiados por el modelo de desarrollo centrado en el bienestar humano y su naturaleza del economista-filósofo indio Amartya Sen. Para ello, la OPHI se está desenvolviendo en el manejo de cinco proyectos. Ellos son, la definición de las dimensiones de la pobreza, el estudio de los principios éticos para el aligeramiento de la pobreza, la motivación y el comportamiento económico, el uso de la tecnología al análisis y a la política y, finalmente, la concentración en la economía política de la pobreza.

Es sumamente interesante notar cómo desde su fundación (en mayo del 2007), la OPHI se ha preocupado en diseñar talleres que tratan temas como la falta de datos para la investigación humana del desarrollo y la pobreza. Esto dado que recurrentemente (y normalmente) se suele explorar en un limitado sistema de indicadores para la inclusión de encuestas nacionales que puedan utilizarse para realizar una base de datos internacionalmente comparables.

La OPHI propone un sistema pequeño de indicadores que han llegado a adquirir cinco dimensiones. Estas son, el trabajo (incluido el informal), la seguridad física, el empowerment, las relaciones sociales y la significación (trascendencia del hombre). Estos factores han sido tomados en cuenta gracias a su susceptibilidad de ser comparables entre sí.

En el nivel microeconómico, este centro de investigación adscrito a la Universidad de Oxford ha planteado también la problemática de poder establecer comparaciones multidimensionales de la pobreza. Es necesario precisar que se ingresa a un ámbito más microeconómico ya que se explora la aplicación de comparaciones interpersonales del bienestar, entrando así a un campo quizá de mayor carácter subjetivo.

Ante la ortodoxia de la mayoría neoclásica, existen alternativas (incipientes aún, por su capacidad de difusión, mas no por la fortaleza de sus argumentos) para ir más allá de los poco ilustrativos PIB e Ingreso Nacional BRUTO.

Pacto Social, Sueldo Mínimo e informalidad: ¿sala de espera y crisis laboral o la trampa del populismo mediático?

(Artículo publicado para "Coyuntura Económica", Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico)

A un año del inicio del gobierno aprista, todos los sectores políticos deben ya haber digerido el vuelco pro mercado del presidente iniciada su estancia en el poder. Nunca debió ser sorpresa: la incorporación del vicealmirante AP (r) Luis Giampietri a la primera vicepresidencia era el más claro síntoma de la colusión con los sectores conservadores de la política (muy incómodos con cualquier tema próximo a los derechos humanos), antes aliados el fujimorismo (de considerable representación electoral). De ahí la convivencia informal de esta bancada con el actual gobierno reflejada en el apoyo dado desde el Congreso.

Sin embargo, conservador no significa liberal (o neoliberal, como sea del agrado del lector), aunque para el caso peruano ambos conceptos se han aliado de forma articulada. Sucede que el libre mercado ha generado más de 60 meses de sano crecimiento macroeconómico, pero con un lado social bastante inestable distinguido por el mantenimiento de una fuerte inequidad en la asignación de recursos. El modelo no falla, los actores privados actúan con eficiencia y protegen sus intereses. Ocurre que el Estado carece de calidad de gasto. Dentro de este marco social, las movilizaciones han sido el pan de cada día.

Ante ello, el gobierno ha tenido una serie de desaciertos que lidian con la torpeza política y la soberbia frente al descontento de grandes sectores de la población. Discursos en pos de la pena de muerte no tuvieron el efecto duradero que el Presidente García hubiese querido y, a pesar de los Decretos de Urgencia o Créditos Suplementarios, su popularidad va cayendo según las encuestas. Sucede que tantos gestos de rechazo a las organizaciones sindicales y el poco interés en el 48% que no votó por él les está costando puntos. Así, al notarse dicha situación como insostenible, dentro del marco del Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional de Trabajo, se lanzó el 29 de julio un nuevo mecanismo de acercamiento y dinamización de las relaciones entre los empleadores y los empleados. El Premier Del Castillo lo ha presentado a la opinión pública como el Pacto Social.

El Pacto Social tiene como principal fin tender el puente entre el empresariado y los trabajadores para llegar a acuerdos en términos de las condiciones laborales. Por ahora, han primado los criterios políticos y se trata de reivindicar las necesidades de los trabajadores (sindicalizados, no sindicalizados o informales). Resulta de suma importancia recalcar la naturaleza técnica que debe tener tal pacto, por ejemplo, en la asignación de un posible nuevo nivel del sueldo mínimo vital. La teoría microeconómica neoclásica elemental señala que una empresa contratará a un trabajador hasta que su productividad marginal (adicional con respecto al último trabajador contratado) sea igual a su salario. A diferencia de otros países de la región, la productividad de los trabajadores peruanos ha ido incrementándose.

Si el Pacto Social busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, entre ellos los informales, debe tener mucho cuidado en fijar un sueldo mínimo. No es una ortodoxia llena de insensibilidad, sino una preocupación de que un acto demagógico del presente gobierno haga finalmente acrecentar el número de trabajadores informales. Un sueldo mínimo excesivo o contraerá la oferta de las PYMES o aumentará el subempleo (empleadores que contratan a desempleados necesitados de un sueldo, aun sin contrato de por medio, por ejemplo) e informalidad. No obstante, el Pacto Social puede significar un clima de calma frente a una coyuntura movida, inclusive en el sector privado.

Huelgas en el sector privado, mayo 2007

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Informe Estadístico Mensual

A veces las regulaciones generan alergia pero de alguna manera deberán ser instauradas en casos muy específicos. ¿Cómo se explica que el sector construcción (de creciente demanda y apogeo crediticio) ofrezca salarios de niveles menores con respecto a muchas otras actividades? Simplemente, no se explica.

Promedio de remuneraciones según rama de actividad económica, junio 2006.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Asimismo, los criterios para la fijación posible de una nueva RMV deberán perder toda naturaleza homogenizadora y centralista. Cada región va emergiendo de acuerdo con sus condiciones materiales y sociales (conjuntamente: capital y trabajo. Entiéndase: la cuestión económica) específicas y, por lo tanto, cada una posee un nivel promedio de remuneraciones distinto y adaptado a su propia realidad y el IPC respectivo. Si se pretende fijar una RMV por encima del promedio mensual de algunas ciudades, se estará creando una fuerte barrera al ingreso del mercado laboral.

Las condiciones para el TLC

Cada vez se vislumbra un escenario más claro en términos de la próxima firma del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. El optimismo se hace notar entre miembros del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; sin embargo, aún se mantiene un ánimo calmado, síntoma de prudencia bastante sano. La ministra Mercedes Aráoz adelanta cierre de negociaciones de adendas y comitivas viajan a Washington a exponer las bondades del Perú: la política de apertura se acentúa en el actual gobierno de manera vertiginosa. La misma celeridad es la que pide el pueblo. La agenda a corto plazo por parte del gobierno (consistente en créditos suplementarios, otorgamiento de facultades parciales a gobiernos regionales, mítines en provincias, entrega de víveres a pobres, y demás) funciona de manera eficaz pero también de forma temporal: no se soluciona el problema desde la raíz. Consiguientemente, el ciclo de demandas sociales se repite una y otra vez.

La correlación de lo social con lo político hace alterar el orden del tercer elemento de importancia nacional: el aspecto económico. Así, la agenda económica a largo plazo por parte del Estado no se efectúa en condiciones de eficiencia, por el contrario pierde su autonomía al usarse como mecanismo efímero de satisfacción del gobierno de turno. Entonces, ¿qué escenario prepara el gobierno para la posible próxima firma del TLC con EE.UU.? Aparentemente, uno muy pobre.

Bloqueo de carreteras, cocaleros imponiendo condiciones, penales sobre poblados, arraigada corrupción en el Poder Judicial, malentendidos limítrofes con países vecinos, informalidad generalizada. Esas no son características de un país que abre sus puertas al mundo para emprender carrera hacia el desafío de la globalización. El clima político es inestable y la pobreza se ve hasta en los distritos más exclusivos de Lima, ahí en la esquina de cada avenida.

Es cierto que con un TLC los procesos de modernización y formalidad se verán incentivados y, por lo tanto, acelerados. No obstante, dicho discurso se ha sostenido desde hace ya varios meses (un par de años) y los resultados aún no colman expectativas. Ciertamente, hay superávit en cuenta corriente, los términos de intercambio van bien (a pesar de la proyectada caída moderada generada por desaceleración de las economías que demandan nuestros productos[1]) y con precios altos de los exportaciones, el PBI crece; pero las políticas de gasto e inversión pública eficientes en pos del desarrollo y una más justa redistribución de riqueza todavía se mantienen en la sala de espera.

La preocupación sobre las condiciones en que el país se presenta frente al TLC debe filtrarse en la conciencia colectiva de la ciudadanía, no con un ánimo destructivo y pesimista, sino como medio de prevención.

[1] Para mayor información al respecto, véase el Reporte de Inflación de mayo del 2007, publicado recientemente por el BCRP en .

Forzado argumento pro CVR, a partir de los conceptos de "verdad" y "reconciliación"

Dado que el núcleo del paradigma del lenguaje ha sido establecido como el orden consensual[1], y luego de revisar las diferentes definiciones dadas por el Informe Final de la CVR, se puede concluir que el término “verdad” se explica como el relato contrastado intersubjetivamente. Es decir, la “verdad” como el resultado del procesamiento de todas las voces (cada una caracterizada por el sistema de valores de la comunidad de procedencia) para luego fijar una “verdad” objetiva y adecuada a todos los contextos tanto sociales, políticos e inclusive geográficos (teniendo en cuenta que los factores geográficos determinan intereses de producción y que, consiguientemente, demandan una posición política y económica definida). Ejemplo: si no hubiese minería, no existirían sindicatos mineros; de igual manera, si no existiesen plantaciones de hoja de coca en la selva peruana, tampoco se producirían paros cocaleros.

En términos de reconciliación, esta se define como el restablecimiento y la refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos. Pero dadas nuevas condiciones, en las que el orden establecido anteriormente sea invertido para lograr un reencuentro entre ciudadanos. Es necesario transformar el antiguo orden, pues este presentó las condiciones de injusticia y desigualdad que dieron lugar a los años de la violencia política. Este antiguo escenario libera de responsabilidades a ciertos sectores y deja inconclusa la búsqueda de una verdadera reconciliación. Por ello, se ve la necesidad de reconocer responsabilidades colectivas entre distintos sectores. Este reconocimiento implica el cumplimiento de un proceso previo en el que se instauren las relaciones de reconocimiento de recíproco, respetando así las distintas condiciones de índole social, racial, económica, político, religioso, etc. (donde se defienda el orden consensual).

Sin embargo, este proceso se resiste a cumplirse debido a la reacción reacia de ciertos sectores de la sociedad, los cuales consideran sus patrones morales, éticos y culturales como los únicos elementos que construirán el camino hacia una sociedad “correcta” (estos son quienes defienden el orden del mundo como resultado de un conjunto de hábitos adquiridos por costumbre). Es ahí que la intervención de otros paradigmas dificulta el logro del proceso de transformación social señalado. Por ejemplo, el paradigma del ser señala la moral como el respeto del sistema de valores de la propia comunidad como medio para lograr un fin último o bien supremo. Estas condiciones podrían ser dables para una sociedad aislada u homogénea. Sin embargo, el Perú como país multicultural, no puede adoptar este paradigma por no adecuarse a todos por igual, lo que generaría permanentes tensiones y conflictos entre los miembros de nuestra fragmentada y poco articulada sociedad. Aún corriendo estos riesgos, un sistema de valores adquirido por costumbre es el que ha sido implantado por los sectores dominantes, quienes han pretendido permanentemente imponer sistemas de justicia poco pluralistas y muy centralistas. En consecuencia, quienes han adoptado desde siempre este sistema de valores, se mostrarán en contra de alterar el orden ya establecido del mundo. De ahí los posiciones contrarias a la CVR, la cuales muchas veces exponen graves síntomas de intolerancia.

Por otro lado, si bien el paradigma de la conciencia sugiere la libertad de la persona individual (hecho del que todos podríamos estar de acuerdo), también exige que esta se cumpla en coexistencia con la libertad de todas las personas. Entonces, es simple distinguir que la libertad en nuestro país no se da en condiciones de igualdad para todos. Sino que se da en un contexto en el que unos se presentan en mejores condiciones que otros y lo que les permite desarrollar así una libertad más plena pero que muchas veces se basa en la defensa de los propios intereses a costa de la limitación de otros (consiguientemente, el paradigma de la conciencia falla o, en todo caso, se incumple). Es por esta razón que determinados grupos de poder miran con desconfianza a la CVR como posible plataforma igualitaria que amenazaría sus propios intereses.

[1] Para mayor precisión, consultar la obra de Jürgen Habermas y Michael Walzer.

Superávit fiscal: en busca de una inversión social eficiente

(Artículo publicado para "Coyuntura Económica", Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico)

Numerosos economistas celebran los primeros frutos de la larga persistencia del modelo económico neoliberal. Una corriente económica aplicada en el Perú a inicios del gobierno fujimorista hacia 1990, incentivada por el Consenso de Washington en 1989 y bajo el monitoreo de organismos internacionales como el FMI y el BM, que goza de una hegemonía notable entre los países adheridos (o sometidos quizá) a los intereses norteamericanos.

Privatizaciones, concesiones, tipo de cambio estable y apertura (o entrega) económica han sido rasgos característicos de esta reforma inconclusa que, alterada por la ambición y la poco transparente gestión de ciertos gobiernos de turno, la desigualdad de condiciones para competir, marco legal débil y poder judicial burocrático por donde se vea; hasta hoy en el año 2007 no termina de convencer.

No obstante, el manejo ordenado de las cuentas nacionales y una autonomía y política monetaria adecuadas por parte del Banco Central han posibilitado la consecución de un logro macroeconómico bastante alentador: la presencia histórica de superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Así, según los flujos macroeconómicos del BCRP para el año 2005, la balanza en cuenta corriente representó el 1.4% del PBI anual; mientras que para el 2006, ésta representó el 2.8%[1]; es decir, el doble.

La fórmula es conocida e involucra a dos elementos de las cuentas nacionales: reducción del gasto público y aumento de la inversión privada. Sectores como la minería y la coyuntura favorable en términos de los precios internacionales de los metales han incentivado el crecimiento de los niveles de recaudación fiscal. Este aspecto específico ha sido motivo de tentación entre ciertos sectores políticos para desarrollar propuestas que implican el rompimiento de los acuerdos de estabilidad tributaria con las mineras. Sin embargo, esta medida que lidia con el intervencionismo y hasta cierto punto con el estatismo, atenta contra el estado de derecho y crea un mal precedente para el clima económico del Perú como escenario atractivo para la inversión extranjera. Es importante recalcar dicho punto debido a que las relaciones comerciales se basan principalmente en los niveles de riesgo y confianza con el Estado.

Ahora bien, ¿este superávit es un elemento positivo? Seguro que sí, pero también es fuente de amplia responsabilidad. El gobierno tiene mucho dinero, pero debe saber cómo gastarlo eficientemente. Infraestructura y servicios: es el momento de que la inversión social genere los beneficios a los sectores más deprimidos que muchas veces las privatizaciones y concesiones no logran (pero que sí son un gran medio de recaudación). A pesar de esa demanda social permanente y creciente (reflejada en los cotidianos paros, bloqueos de carreteras, marchas y hambre colectiva y generalizada cual cáncer terminal), la acción del MEF parece ser lenta y la ortodoxia del actual ministro de dicha cartera invita a la desesperación.

Gasto en remuneraciones del Gobierno Central

(En porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP

Gasto de capital del Gobierno Central

(En porcentaje del PBI)

Fuente: BCRP

Como bien lo señaló Gianfranco Castagnola, “el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) es un filtro para garantizar la calidad del gasto”. A pesar de ello, dichos mecanismos de confiabilidad del gasto son víctimas de evasión y críticas permanentes. Si no se acelera el proceso de inversión social (con énfasis en educación y salud) es muy probable (casi inminente) que el país siga incubando movimientos políticos radicales de carácter regional, que justifican su participación agitadora y a veces violentista en el malestar de la población ante la ausencia del Estado como proveedor de ciertas condiciones para el desarrollo.

[1] Banco Central de Reserva del Perú – Cuadros Anuales Históricos. http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Estadistica/Cuadros/Anuales/ACuadro_01.xls