(Artículo publicado para "Coyuntura Económica", Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico)
Numerosos economistas celebran los primeros frutos de la larga persistencia del modelo económico neoliberal. Una corriente económica aplicada en el Perú a inicios del gobierno fujimorista hacia 1990, incentivada por el Consenso de Washington en 1989 y bajo el monitoreo de organismos internacionales como el FMI y el BM, que goza de una hegemonía notable entre los países adheridos (o sometidos quizá) a los intereses norteamericanos.
Privatizaciones, concesiones, tipo de cambio estable y apertura (o entrega) económica han sido rasgos característicos de esta reforma inconclusa que, alterada por la ambición y la poco transparente gestión de ciertos gobiernos de turno, la desigualdad de condiciones para competir, marco legal débil y poder judicial burocrático por donde se vea; hasta hoy en el año 2007 no termina de convencer.
No obstante, el manejo ordenado de las cuentas nacionales y una autonomía y política monetaria adecuadas por parte del Banco Central han posibilitado la consecución de un logro macroeconómico bastante alentador: la presencia histórica de superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Así, según los flujos macroeconómicos del BCRP para el año 2005, la balanza en cuenta corriente representó el 1.4% del PBI anual; mientras que para el 2006, ésta representó el 2.8%[1]; es decir, el doble.
La fórmula es conocida e involucra a dos elementos de las cuentas nacionales: reducción del gasto público y aumento de la inversión privada. Sectores como la minería y la coyuntura favorable en términos de los precios internacionales de los metales han incentivado el crecimiento de los niveles de recaudación fiscal. Este aspecto específico ha sido motivo de tentación entre ciertos sectores políticos para desarrollar propuestas que implican el rompimiento de los acuerdos de estabilidad tributaria con las mineras. Sin embargo, esta medida que lidia con el intervencionismo y hasta cierto punto con el estatismo, atenta contra el estado de derecho y crea un mal precedente para el clima económico del Perú como escenario atractivo para la inversión extranjera. Es importante recalcar dicho punto debido a que las relaciones comerciales se basan principalmente en los niveles de riesgo y confianza con el Estado.
Privatizaciones, concesiones, tipo de cambio estable y apertura (o entrega) económica han sido rasgos característicos de esta reforma inconclusa que, alterada por la ambición y la poco transparente gestión de ciertos gobiernos de turno, la desigualdad de condiciones para competir, marco legal débil y poder judicial burocrático por donde se vea; hasta hoy en el año 2007 no termina de convencer.
No obstante, el manejo ordenado de las cuentas nacionales y una autonomía y política monetaria adecuadas por parte del Banco Central han posibilitado la consecución de un logro macroeconómico bastante alentador: la presencia histórica de superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Así, según los flujos macroeconómicos del BCRP para el año 2005, la balanza en cuenta corriente representó el 1.4% del PBI anual; mientras que para el 2006, ésta representó el 2.8%[1]; es decir, el doble.
La fórmula es conocida e involucra a dos elementos de las cuentas nacionales: reducción del gasto público y aumento de la inversión privada. Sectores como la minería y la coyuntura favorable en términos de los precios internacionales de los metales han incentivado el crecimiento de los niveles de recaudación fiscal. Este aspecto específico ha sido motivo de tentación entre ciertos sectores políticos para desarrollar propuestas que implican el rompimiento de los acuerdos de estabilidad tributaria con las mineras. Sin embargo, esta medida que lidia con el intervencionismo y hasta cierto punto con el estatismo, atenta contra el estado de derecho y crea un mal precedente para el clima económico del Perú como escenario atractivo para la inversión extranjera. Es importante recalcar dicho punto debido a que las relaciones comerciales se basan principalmente en los niveles de riesgo y confianza con el Estado.
Ahora bien, ¿este superávit es un elemento positivo? Seguro que sí, pero también es fuente de amplia responsabilidad. El gobierno tiene mucho dinero, pero debe saber cómo gastarlo eficientemente. Infraestructura y servicios: es el momento de que la inversión social genere los beneficios a los sectores más deprimidos que muchas veces las privatizaciones y concesiones no logran (pero que sí son un gran medio de recaudación). A pesar de esa demanda social permanente y creciente (reflejada en los cotidianos paros, bloqueos de carreteras, marchas y hambre colectiva y generalizada cual cáncer terminal), la acción del MEF parece ser lenta y la ortodoxia del actual ministro de dicha cartera invita a la desesperación.
Gasto en remuneraciones del Gobierno Central
(En porcentaje del PBI)
Fuente: BCRPGasto de capital del Gobierno Central
(En porcentaje del PBI)
Fuente: BCRP Como bien lo señaló Gianfranco Castagnola, “el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) es un filtro para garantizar la calidad del gasto”. A pesar de ello, dichos mecanismos de confiabilidad del gasto son víctimas de evasión y críticas permanentes. Si no se acelera el proceso de inversión social (con énfasis en educación y salud) es muy probable (casi inminente) que el país siga incubando movimientos políticos radicales de carácter regional, que justifican su participación agitadora y a veces violentista en el malestar de la población ante la ausencia del Estado como proveedor de ciertas condiciones para el desarrollo.
[1] Banco Central de Reserva del Perú – Cuadros Anuales Históricos. http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Estadistica/Cuadros/Anuales/ACuadro_01.xls
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