La labor cumplida por el sector empresarial en los mercados medianamente establecidos es de natural efecto social, sea por el manejo de precios, la retribución económica (expresada en el aumento de empleos y modernización de la localidad) o el impacto ambiental producido; pero siempre implica cambios (positivos o negativos) para el público directa o indirectamente consumidor o dependiente.
Por eso la imagen débil y condescendiente del Estado Peruano se vería obligada a sufrir ciertos cambios estructurales para así conseguir una postura sólida frente a las grandes empresas (nacionales y transnacionales); las que, a través de mecanismos tales como la evasión de impuestos, reducción de costos laborales y otros, pretenden no contribuir en el desarrollo de nuestra nación.
Para lograr dicho fortalecimiento, se muestra imperante la búsqueda del progreso en todos los órdenes y afianzar con especial énfasis el administrativo, ineludiblemente sobre la base de una sociedad debidamente educada e informada, con las facultades de cuestionar sin perder la noción del argumento. Es decir, conseguir erigir un Estado sano, estable y con el respaldo de un país bajo el marco de una democracia.
Consiguientemente, la gran empresa privada aceptará cumplir con las exigencias impuestas por el Estado, cuya intención no es la de ahuyentar a las nuevas y ya instituidas inversiones, sino la de convertir el modelo económico utilizado en un sistema más justo para las partes involucradas, aun así, solvente.
La empresa cumple entonces su responsabilidad social por medio del Estado en el momento de entregarle el (previamente acordado) porcentaje de utilidad con fines subsidiarios, mas su tarea no se limita en emitir un pago periódico, sino que, para establecer una más equilibrada relación con la sociedad a la que afecta, debe impulsar medidas internas (con carácter extensivo) de reconocimiento y acercamiento espontáneo. De esta manera, la empresa privada no evoca la imagen de un ente ultra consumidor que favorece la deterioración del conjunto de elementos abióticos y bióticos; en otras palabras, alcanzar una legítima condición que permita arraigar un desarrollo sostenible en las regiones escasamente urbanizadas en buenos términos con sus pobladores que, en la mayoría de casos, no pretenden más que llevar una vida pacífica inspirada en sus costumbres ancestrales y sus propios códigos de ética.
Al mencionarse al Estado y la empresa privada, debe pensarse que la responsabilidad de uno de ellos no excluye al acatamiento de esta por parte del otro: la obligación es uniforme para ambos. Queda claro que el primero cumple el papel de autoridad; por tanto, posee una naturaleza de mayor compromiso.
Si nos adentramos en el tema de la minería, vemos que sucesos de desorden público como los ocurridos en Tintaya, Antamina, La Zanja y la ingobernabilidad que se vive en Bolivia se presentan como respuesta hacia las empresas mineras ante la disconformidad de grupos extremistas. En ese momento se distingue un alejamiento en el trato con el Estado, cuyo incumplimiento de sus cargos se centra en el hecho de no haber edificado un buen cuerpo que facilite la estructuración de una oportuna legislación ambiental. Sucede que si hay considerable (o por más mínimo que sea) número de empresas que no cumple los programas de imagen institucional de forma espontánea, el Poder Ejecutivo debe asumir una actitud de autoridad para que finalmente se haga y se conduzca hacia el cuidado de la calidad del ecosistema y la calidad de vida de la población en la zona de influencia.
Si la finalidad del desarrollo económico es crear mejores condiciones de vida, es indispensable nutrir el proceso previo a través de la proposición por parte del Estado de leyes que permitan el establecimiento de una atmósfera que reúna los requisitos necesarios para formar un país estable y atractivo para las inversiones a mediano y largo plazo. Pero sin que estas últimas rompan con las demandas de los mismos ciudadanos (sean urbanos o rurales), cuya aspiración es la de ver reflejadas satisfactorias cifras macroeconómicas en sus presupuestos familiares. Esto sí se puede lograr, solo es precisa una visión más abierta de los intereses de los distintos sectores y políticas para cubrirlos.
