Las condiciones para el TLC

Cada vez se vislumbra un escenario más claro en términos de la próxima firma del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. El optimismo se hace notar entre miembros del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; sin embargo, aún se mantiene un ánimo calmado, síntoma de prudencia bastante sano. La ministra Mercedes Aráoz adelanta cierre de negociaciones de adendas y comitivas viajan a Washington a exponer las bondades del Perú: la política de apertura se acentúa en el actual gobierno de manera vertiginosa. La misma celeridad es la que pide el pueblo. La agenda a corto plazo por parte del gobierno (consistente en créditos suplementarios, otorgamiento de facultades parciales a gobiernos regionales, mítines en provincias, entrega de víveres a pobres, y demás) funciona de manera eficaz pero también de forma temporal: no se soluciona el problema desde la raíz. Consiguientemente, el ciclo de demandas sociales se repite una y otra vez.

La correlación de lo social con lo político hace alterar el orden del tercer elemento de importancia nacional: el aspecto económico. Así, la agenda económica a largo plazo por parte del Estado no se efectúa en condiciones de eficiencia, por el contrario pierde su autonomía al usarse como mecanismo efímero de satisfacción del gobierno de turno. Entonces, ¿qué escenario prepara el gobierno para la posible próxima firma del TLC con EE.UU.? Aparentemente, uno muy pobre.

Bloqueo de carreteras, cocaleros imponiendo condiciones, penales sobre poblados, arraigada corrupción en el Poder Judicial, malentendidos limítrofes con países vecinos, informalidad generalizada. Esas no son características de un país que abre sus puertas al mundo para emprender carrera hacia el desafío de la globalización. El clima político es inestable y la pobreza se ve hasta en los distritos más exclusivos de Lima, ahí en la esquina de cada avenida.

Es cierto que con un TLC los procesos de modernización y formalidad se verán incentivados y, por lo tanto, acelerados. No obstante, dicho discurso se ha sostenido desde hace ya varios meses (un par de años) y los resultados aún no colman expectativas. Ciertamente, hay superávit en cuenta corriente, los términos de intercambio van bien (a pesar de la proyectada caída moderada generada por desaceleración de las economías que demandan nuestros productos[1]) y con precios altos de los exportaciones, el PBI crece; pero las políticas de gasto e inversión pública eficientes en pos del desarrollo y una más justa redistribución de riqueza todavía se mantienen en la sala de espera.

La preocupación sobre las condiciones en que el país se presenta frente al TLC debe filtrarse en la conciencia colectiva de la ciudadanía, no con un ánimo destructivo y pesimista, sino como medio de prevención.

[1] Para mayor información al respecto, véase el Reporte de Inflación de mayo del 2007, publicado recientemente por el BCRP en .

Forzado argumento pro CVR, a partir de los conceptos de "verdad" y "reconciliación"

Dado que el núcleo del paradigma del lenguaje ha sido establecido como el orden consensual[1], y luego de revisar las diferentes definiciones dadas por el Informe Final de la CVR, se puede concluir que el término “verdad” se explica como el relato contrastado intersubjetivamente. Es decir, la “verdad” como el resultado del procesamiento de todas las voces (cada una caracterizada por el sistema de valores de la comunidad de procedencia) para luego fijar una “verdad” objetiva y adecuada a todos los contextos tanto sociales, políticos e inclusive geográficos (teniendo en cuenta que los factores geográficos determinan intereses de producción y que, consiguientemente, demandan una posición política y económica definida). Ejemplo: si no hubiese minería, no existirían sindicatos mineros; de igual manera, si no existiesen plantaciones de hoja de coca en la selva peruana, tampoco se producirían paros cocaleros.

En términos de reconciliación, esta se define como el restablecimiento y la refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos. Pero dadas nuevas condiciones, en las que el orden establecido anteriormente sea invertido para lograr un reencuentro entre ciudadanos. Es necesario transformar el antiguo orden, pues este presentó las condiciones de injusticia y desigualdad que dieron lugar a los años de la violencia política. Este antiguo escenario libera de responsabilidades a ciertos sectores y deja inconclusa la búsqueda de una verdadera reconciliación. Por ello, se ve la necesidad de reconocer responsabilidades colectivas entre distintos sectores. Este reconocimiento implica el cumplimiento de un proceso previo en el que se instauren las relaciones de reconocimiento de recíproco, respetando así las distintas condiciones de índole social, racial, económica, político, religioso, etc. (donde se defienda el orden consensual).

Sin embargo, este proceso se resiste a cumplirse debido a la reacción reacia de ciertos sectores de la sociedad, los cuales consideran sus patrones morales, éticos y culturales como los únicos elementos que construirán el camino hacia una sociedad “correcta” (estos son quienes defienden el orden del mundo como resultado de un conjunto de hábitos adquiridos por costumbre). Es ahí que la intervención de otros paradigmas dificulta el logro del proceso de transformación social señalado. Por ejemplo, el paradigma del ser señala la moral como el respeto del sistema de valores de la propia comunidad como medio para lograr un fin último o bien supremo. Estas condiciones podrían ser dables para una sociedad aislada u homogénea. Sin embargo, el Perú como país multicultural, no puede adoptar este paradigma por no adecuarse a todos por igual, lo que generaría permanentes tensiones y conflictos entre los miembros de nuestra fragmentada y poco articulada sociedad. Aún corriendo estos riesgos, un sistema de valores adquirido por costumbre es el que ha sido implantado por los sectores dominantes, quienes han pretendido permanentemente imponer sistemas de justicia poco pluralistas y muy centralistas. En consecuencia, quienes han adoptado desde siempre este sistema de valores, se mostrarán en contra de alterar el orden ya establecido del mundo. De ahí los posiciones contrarias a la CVR, la cuales muchas veces exponen graves síntomas de intolerancia.

Por otro lado, si bien el paradigma de la conciencia sugiere la libertad de la persona individual (hecho del que todos podríamos estar de acuerdo), también exige que esta se cumpla en coexistencia con la libertad de todas las personas. Entonces, es simple distinguir que la libertad en nuestro país no se da en condiciones de igualdad para todos. Sino que se da en un contexto en el que unos se presentan en mejores condiciones que otros y lo que les permite desarrollar así una libertad más plena pero que muchas veces se basa en la defensa de los propios intereses a costa de la limitación de otros (consiguientemente, el paradigma de la conciencia falla o, en todo caso, se incumple). Es por esta razón que determinados grupos de poder miran con desconfianza a la CVR como posible plataforma igualitaria que amenazaría sus propios intereses.

[1] Para mayor precisión, consultar la obra de Jürgen Habermas y Michael Walzer.